Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer reformas a las Leyes de la carrera judicial y de la Fiscalía General para establecer retiros obligatorios.
Las reformas aprobadas establecieron que la función de los magistrados y jueces cesará de manera obligatoria, cuando: las personas que ejercen dichos cargos tengan más de 60 años de edad o hayan estado en dichos puestos por 30 años. Sin embargo, todos los cesados quedan en “régimen de disponibilidad”.
Magistrados de Cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz, que de entrar en vigor dicho decreto, cesarán inmediatamente si cumplen con los requisitos mencionados. Además dan la facultad a la Corte Suprema de Justicia para realizar los traslados y nombramientos correspondientes.
Ante esto, jueces de todo el país se concentraron esta tarde frente al Centro Judicial Isidro Menéndez para “acuerpar” un pronunciamiento de la Mesa Judicial sobre el Decreto aprobado ayer en la Asamblea, que jubila a jueces que ya pasan de 60 años de edad y de 30 años de servicio.
En un comunicado denunciaron que para la depuración miembros de la carrera judicial existen mecanismos institucionales ya establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces.
Por lo que recurrirán a las instancias legales, nacionales e internacionales, “para restituir el estado constitucional y democrático gravemente afectado con dicho decreto”, dijo José Alberto Franco, juez de primera instancia.
Los jueces aseguran que se cometió una inconstitucionalidad, ya que los diputados de la Asamblea Legislativa no tienen iniciativa de ley en temas de la carrera judicial.
Advirtieron que mañana continuarán con más medidas en protesta contra dichas reformas. Las reformas entrarán en vigencia ocho días después de ser publicadas en el Diario Oficial.